Una extensa trama de juicios enfrenta por estos días el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por
Carlos Montes (PS), luego que la semana pasada se conociera la polémica por los convenios que el ahora ex seremi del ramo de Antofagasta, Carlos Contreras (RD) firmó a Daniel Andrade -entonces pareja de la diputada Catalina Pérez- de la misma tienda, y director de Democracia Viva.
Y aunque los primeros coletazos llegaron a los principales actores de la polémica -con la renuncia de Contreras, de Andrade, y de la salida de la diputada Pérez de la mesa de la Cámara-, la última semana ha ido sumando una serie de aristas y de nombres cuestionados e investigados por el Ministerio Público que mantienen en la mira tanto a RD como al propio ministro Montes.
Esto, porque el llamado "caso fundaciones" ha abierto una ofensiva en la oposición, especialmente en la UDI, luego que el presidente de dicha tienda, Javier Macaya, no descartara presentar una acusación constitucional en contra de Montes. "Estamos en presencia de una figura que está siendo muy compleja y creo que al ministro Montes también se le está acabando el tiempo para tomar acciones más concretas. Acá no basta con la simple renuncia de una subsecretaria o el despido -la subsecretaria fue removida-, pero creo que hay responsabilidades políticas más importantes que en el Parlamento no tengo ninguna duda de que van a ir avanzando", dijo el timonel a Radio Cooperativa.
"No descarto acciones constitucionales que puedan interponerse contra personas que aparezcan involucradas por acción o por omisión", agregó Macaya.
La eventual acción apunta a la "responsabilidad política" que le cabe al ministro frente a la serie de aristas que se han abierto en el caso y que han terminado con renuncias e, incluso, con la expulsión de RD de dos de los principales involucrados en los convenios: Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Cuestionamientos en su sector
Pero el ministro también ha enfrentado duros cuestionamientos en su propio sector. Ayer, el senador PS, Fidel Espinoza, divulgó en su cuenta de Twitter la resolución -firmada por Montes- en la que se delega la facultad de celebrar y aprobar convenios de transferencia de recursos del programa de asentamientos precarios en las secretarias y secretarios regionales ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por montos que no superen las 5.000 UTM.
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¿Qué nos traerá la caja de pandora?", escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter, donde además apuntó a Montes por "su soberbia y cero diálogo", lo que, a su juicio, lo pueden hacer "caer estrepitosamente". En respuesta, el ministro aclaró que dicha resolución "se viene firmando en los mismos términos desde 2019".
Ayer Montes había llegado a La Moneda para dar cuenta al Presidente Gabriel Boric de las gestiones que realizó en Antofagasta, a raíz de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía por convenios de su cartera con Democracia Viva. Pero a ello, además se suma la investigación de oficio que abrió el Ministerio Público por los convenios otorgados por la Seremi de Vivienda del Maule a la fundación Urbanismo Social, también vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).
Fue desde esa tienda donde, inicialmente, su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre intentó respaldar a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, luego que se conociera que en mayo los funcionarios de la cartera le habían advertido -vía correo electrónico- de la presunta irregularidad que se estaba dando entre Contreras y Andrade. El senador dijo la semana pasada que Rojas había advertido a su equipo e incluso al ministro Montes de lo que ocurría.
Esto llevó a que desde el Ministerio de Vivienda desmintieran los dichos de Latorre y este último terminara por cambiar el tono ante la avalancha de críticas que recibió por sus dichos. "Estamos completamente en sintonía con el Ministerio de Vivienda encabezado por el ministro Carlos Montes y la subsecretaria (Tatiana) Rojas. No vamos a aceptar ningún acto que esté reñido con la ética, la probidad, la confianza pública, con los recursos públicos y con la corrupción. Por tanto saludamos las medidas que ha tomado el Ministerio de Vivienda", manifestó el senador a través de una declaración pública el pasado 22 de junio.
"Imagen dañada" y "ambigüedad"
"Veo muy complicado al ministro Montes", dice a Emol el analista político de la UTEM, Máximo Quitral. Esto, porque esencialmente "no ha sabido explicar el trasfondo de estas transferencias y los trabajos que supuestamente las fundaciones debían realizar".
Agrega que cada vez que los medios le han consultado sobre el caso, hay una sensación de que sus respuestas "han sido bastante ambigüas para aclararle al país qué pasó con la fundación".
Esto, dice, termina por dejar su "imagen dañada", y en consecuencia, que la opinión pública "no lo va a evaluar positivamente; y que ahora las distintas fuerzas de la oposición pidan su salida lo deja en un muy mal pie, en un Gobierno que además lo está pasando mal, ha tenido respuestas lentas frente a distintos sucesos, lo que hace prácticamente imposible que eso no afecte la imagen del ministro de Vivienda", cerró el experto.
Por su parte, el analista político de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, apunta a que el caso abierto por fundación Democracia Viva "genera un enorme impacto político que afecta a la Revolución Democrática, que afecta al Frente Amplio y también al Gobierno", e incluso lo compara con polémicas y casos que han golpeado al mundo político en el pasado.
"Es, podríamos decir, una de las situaciones de escándalo político más relevante de los últimos 30 años; mucho más relevante que el caso Mopgate, porque en cierta medida ahí se obedecía a ciertas estrategias de financiamiento en el caso de las universidades, pero en una época en que no se promovía la modernización del Estado ni el tema de la alta dirección; mucho más impactante que el caso Caval, porque este era más bien una suerte de tráfico de influencia entre particulares aprovechando el nuevo Gobierno, pero no estaban los recursos públicos comprometidos", comenta.
Asimismo, destaca que todo el tema ha generado un "enorme impacto" a la imagen "a nivel de la fe pública y se instala la idea de la corrupción generalizada". Esto, considerando además, según sus palabras, "el mal manejo que tuvo RD en los primeros días, cuando se da a conocer esta situación, por el hecho de responsabilizar a personeros del Gobierno como la subsecretaria y al mismo ministro Montes por parte del senador Latorre".
Todo esto, concluye, ha llevado a que el ministro Montes, en la actualidad, "no tenga mayores posibilidades para revertir o frenar esta ola de acusaciones que están apareciendo".
Gonzalo Valdés, analista político de la UNAB, apunta a la necesidad de que el ministro Montes cumpla con su rol en temas de la competencia de su cartera, y a "evitar la corrupción".
"Debiéramos ver al ministro cortando cintas de nuevos complejos habitacionales, promoviendo nuevas licitaciones, invirtiendo en mejoras en campamentos u otros, pero no se observan avances en esta área. No podemos dejar de poner el foco en los problemas graves de políticas públicas que tiene nuestro país. Hay que exigirle resultados al ministro, evitar la corrupción es 'el desde'", subrayó.
